“Acá, el que toca el bombo tiene trabajo”

El clientelismo suele imaginarse como una transacción simple: un político entrega un beneficio y un ciudadano paga con el voto. Sin embargo, la imagen típica –un choripán por un voto– no permite comprender ni el fenómeno ni sus consecuencias. Para empezar, hay que superar prejuicios: no solo afecta a los pobres, no es exclusiva del peronismo y “los clientes” no son sujetos pasivos, “tontos manipulados”. El patronazgo es una forma particular de clientelismo: en lugar de repartir bienes o beneficios puntuales, la relación se construye alrededor del acceso a un empleo público y de los servicios políticos que ese empleo puede generar. Su incidencia es notable.

Un estudio de Zarazaga de 2014 mostraba que el 50% de los referentes en el Gran Buenos Aires eran empleados públicos. A leer bien el dato: no quiere decir que la mitad de los funcionarios públicos son referentes políticos, sino que la mitad de los referentes de GBA, según el estudio citado, eran empleados públicos.

Muchos piensan la relación clientelar como una amenaza de alguien con poder: yo te doy el trabajo, vos hacés lo que te digo. Sin embargo, ¿por qué, una vez conseguido el trabajo, los empleados públicos respetarían el acuerdo y seguirían haciendo su parte?

En “Trabajo y Favores. Empleo público y servicios políticos en Argentina” (Fondo de Cultura Económica, 2026), Virginia Oliveros propone otra cosa: quizá no haga falta amenazar a nadie. Su teoría del patronazgo no-coercitivo –patronazgo autosostenible– se centra en los incentivos comunes entre patrones y clientes. Lo que los une es que el futuro de ambos está ligado. Para los políticos el beneficio está claro: contar con trabajo “gratis” que los ayude a sostenerse en el poder. Hay una serie de actividades que los partidos realizan en el territorio para las cuales suele ser difícil encontrar voluntarios: fiscalizar elecciones, hacer pintadas, repartir boletas o participar en actos políticos.

La dificultad para estudiar el tema salta a la vista. ¿Cómo investigar un intercambio que nadie tiene demasiado interés en reconocer? Para ello, Oliveros recurre a metodologías que permiten garantizar la confidencialidad y el anonimato e implementa una encuesta presencial a 1.200 empleados públicos del sector local en tres municipios: Tigre, Santa Fe y Salta.

¿Cómo se consigue el empleo? El 64% de los entrevistados declaró haber encontrado puesto a través de un conocido, un familiar o un amigo y el 59% informó que las relaciones personales eran más importantes que la afinidad ideológica. Esto no significa que el 64% haya conseguido su puesto a cambio de apoyo político porque conocer a alguien y obtener un empleo mediante una recomendación no son, por sí mismos, prueba de clientelismo. Pero muestran hasta qué punto las relaciones personales pueden ocupar el lugar de procedimientos impersonales de contratación.

En Tigre, de los aproximadamente 2.400 empleados al momento del estudio apenas un 20% tenía contrato permanente, lo que deja amplio margen para la discrecionalidad. El libro da cuenta de momentos de despidos masivos que muestran que el temor a quedarse sin trabajo si pierde la elección el intendente que hizo las contrataciones es real. Ahí se activa una de las aristas centrales de esta cuestión.

La Constitución ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados desde 1957, sin embargo, el aumento del empleo temporal ha sido notable. A la vez, la descentralización y las competencias del nivel local para gestionar contrataciones abren un amplio marco para la discrecionalidad.

Otro hallazgo relevante es el que evidencia que los puestos no siempre ni mayoritariamente son “fantasmas”. El patronazgo puede funcionar con personas que efectivamente trabajan y además hacen favores políticos. Hay puestos de nivel bajo como el de barrenderos, choferes, empleados de seguridad, que se distribuyen de manera clientelar. También hay puestos medios en secretarías y como abogados, médicos y contadores. Cuando estos puestos fueron obtenidos en redes clientelares, además de las tareas que se realizan en períodos electorales, los empleados ofrecen favores políticos.

Un turno, un permiso para hacer una fiesta o para una obra, acelerar un expediente. Los favores son innumerables y quienes son percibidos como afines al intendente reciben muchas más solicitudes que los que no lo son. El libro ejemplifica el caso de una persona que recurre a solicitar ayuda porque se le ha muerto el padre y no tiene donde velarlo. Muchos de estos pedidos requieren de activar a varias personas para resolver la demanda. Se trata de cumplir las funciones de la administración, pero haciéndolo en el marco del favor: convertir una tarea administrativa en una ayuda personal. Esta cuestión es central porque el sistema funciona, en buena medida, debido a que resuelve problemas reales.

El patronazgo resuelve problemas reales, pero tiene consecuencias negativas para la gobernanza y la democracia. Sin reglas claras para la contratación, existe un amplio margen de discrecionalidad y se activan los incentivos por los que el patrón o político de turno coloque a sus afines. La calidad de los servicios baja porque los puestos de trabajo no se adjudican en función del conocimiento y la experiencia sino de la afinidad con el gobierno. También tienen consecuencias negativas sobre la competencia porque quien está en el poder utiliza estos recursos para mantenerse, inclinando la cancha. En definitiva, el patronazgo afecta simultáneamente a la calidad del estado y a la competencia democrática. El problema no es que alguien toque el bombo. El problema empieza cuando el acceso a un empleo público depende de quién toca el bombo, a quién conoce y para quién está dispuesto a tocarlo.

La motosierra de Milei ha convertido al Estado y a sus empleados en uno de los principales blancos de la política de ajuste. Trabajo y Favores obliga a introducir una distinción incómoda. Que existan empleos obtenidos por relaciones personales, favores políticos o lealtades partidarias no demuestra que el Estado sea innecesario.

Demuestra que necesitamos mejores reglas para construirlo. La alternativa al patronazgo no es eliminar el Estado sino profesionalizarlo: que el acceso a un puesto dependa de las capacidades y no de las conexiones; que un trámite sea un derecho y no un favor; que un empleado público responda a reglas e instituciones y no al intendente de turno. Necesitamos escuelas, hospitales, transporte, seguridad, y un sinfín de servicios que ofrece el Estado. La alternativa al Estado clientelar no es menos Estado. Es mejor Estado.

*Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)