Frente al debate sobre el ajuste estatal, el libro “Trabajo y Favores. Empleo público y servicios políticos en Argentina” de Virginia Oliveros propone una distinción incómoda: la respuesta al patronazgo no es la motosierra, sino la profesionalización del Estado.
Predomina una idea: que la democracia directa prácticamente no existe en Argentina. Sin embargo, en el país se regulan más mecanismos de los que creíamos hasta ahora. Lo que casi nunca ocurre es que sean activados por la ciudadanía.
La soberbia y la irresponsabilidad con que algunos actores políticos hacen cálculos infundados merecen una palabra propia en el diccionario. Propongo una hubrispia. Se trata de una combinación de arrogancia y miopía que lleva a confundir el control percibido con el control real del tablero político.
A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la Argentina sigue discutiendo no solo qué ocurrió, sino cómo interpretarlo. El paso del tiempo no trae automáticamente ni olvido, ni perdón, ni verdad. Por el contrario, las conmemoraciones echan leña a la hoguera de los usos políticos de la historia.
En el imaginario colectivo circula la idea de que el Derecho sirve a los poderosos y poco valor tiene para el resto de la población.
