Accidentes laborales: cuando el daño existe, pero la tabla no lo reconoce

La pregunta parece técnica, pero encierra un problema mucho más profundo: hasta dónde una tabla administrativa puede condicionar la reparación de un daño efectivamente provocado por el trabajo.

Por Martín Cespedes*

El reciente fallo “Galarza” del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos vuelve a poner esa tensión en primer plano y obliga a recordar algo elemental: en el sistema de riesgos del trabajo, las tablas de incapacidades, los listados de enfermedades y las fórmulas son herramientas necesarias, pero nunca deberían negar reconocimiento a una persona afectada en su salud.

En materia de accidentes y enfermedades laborales, una parte importante del sistema de reparación se apoya en baremos, es decir, tablas destinadas a asignar porcentajes de incapacidad según las lesiones o secuelas comprobadas. La lógica del sistema es comprensible: se busca uniformidad, previsibilidad y cierta objetividad. Dos trabajadores con lesiones semejantes – en un sistema tarifado de indemnización - deberían recibir respuestas semejantes y no quedar librados a criterios absolutamente dispares.

El problema aparece cuando la herramienta destinada a medir el daño termina sustituyendo a la realidad que debería medir. Esto es, precisamente, lo que vuelve interesante y de importante aplicación actual, al fallo “Galarza”. En el caso, se discutió una disminución auditiva causada por exposición laboral al ruido. La afección estaba médicamente comprobada y su origen laboral también. Sin embargo, la aplicación estricta del baremo conducía a asignarle un 0% de incapacidad porque no se alcanzaban determinados parámetros previstos reglamentariamente. Para explicarlo la afección del trabajador estaba presente, pero no alcanzaba el mínimo daño requerido por el baremo.

La pregunta entonces deja de ser médica y se vuelve jurídica: ¿puede existir una lesión permanente provocada por el trabajo y, al mismo tiempo, considerarse que jurídicamente esa lesión no genera incapacidad alguna?

El propio Tribunal fue contundente. Señaló que negar la incapacidad de una enfermedad profesional reconocida por no alcanzar los parámetros del baremo “importa la negativa de protección” de trabajadores cuya salud fue afectada por el trabajo. Y agregó que “resultaría lesivo de la normativa constitucional” que, probado el origen laboral de la hipoacusia, no se graduara la incapacidad simplemente porque el daño no alcanzaba el umbral previsto por la reglamentación. En función de ello, concluye el tribunal la reglamentación, resultaría lesivo de la normativa constitucional que reconoce la protección a la integridad psicofísica (art. 19, CN) y a las condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis, CN).

Allí aparece, el verdadero valor del fallo. No se trata de negar la utilidad de los baremos ni de sostener que cada juez pueda apartarse libremente de ellos. Se trata de recordar qué lugar ocupan dentro del sistema. Los baremos son herramientas técnicas; no son la realidad. Son construcciones normativas que pueden modificarse, ampliarse o reemplazarse. Por ello, una cosa es establecer cómo debe cuantificarse una lesión y otra muy distinta permitir que una reglamentación convierta en inexistente un daño que está médica y causalmente comprobado.

El razonamiento debería conservar un orden elemental. Primero debe determinarse si existe una lesión. Luego, si esa lesión guarda relación causal con el trabajo. Y recién después corresponde mensurar su incidencia sobre la capacidad de la persona. El baremo debería responder cuánto incapacita un daño; no debería poder decidir que el daño no existe.

Esta mirada, además, no es ajena al derecho internacional del trabajo. La normativa de la Organización Internacional del Trabajo coloca el eje en la relación entre el trabajo y el daño. El Convenio 155 de la O.I.T. – entre otras normas internacionales aplicables al ámbito local - define la enfermedad profesional por su vinculación con factores de riesgo derivados de la actividad laboral y no porque una determinada afección figure necesariamente en una lista cerrada.

La enseñanza es clara: las listas y los baremos sirven para ordenar el sistema, pero no deberían sustituir el juicio básico acerca de si existe un daño causado por el trabajo.

También existe una dimensión constitucional que no puede soslayarse. La Corte Suprema, en el conocido precedente “Aquino”, definió al trabajador como un “sujeto de preferente tutela constitucional”. Esa idea cobra todavía mayor relevancia cuando el trabajador, además, ha sufrido un accidente o una enfermedad profesional. Allí aparece una situación de doble hiposuficiencia: la propia de quien trabaja dentro de una relación estructuralmente desigual y la adicional de quien ve afectada su salud o su capacidad laboral.

En el fallo “Ascua”, la Corte volvió sobre esta lógica afirmando; el legislador puede diseñar fórmulas, topes y sistemas objetivos de reparación, pero esas herramientas no pueden frustrar la finalidad protectoria que les da sentido.

Por eso, el problema de los baremos no es una discusión meramente técnica. Detrás de un porcentaje hay una persona que puede escuchar menos, moverse peor, soportar dolor o haber perdido una capacidad en forma irreversible, que antes tenía. Si la lesión existe, es permanente y fue causada por el trabajo, una tabla no debería tener el poder de hacerla desaparecer.

El control judicial aparece justamente allí. No para reemplazar sin más el sistema tarifado, sino para impedir que una reglamentación termine neutralizando el derecho que debía hacer efectivo.

En definitiva, “Galarza” excede ampliamente la discusión sobre una determinada pérdida auditiva. El fallo vuelve a poner en debate cuál es el límite de la mecanización del daño laboral y recuerda algo que no debería perderse de vista: el sistema de riesgos del trabajo fue creado para proteger personas víctimas de un siniestro, y no para amparar una tabla de incapacidad.

Por ello, sin dejar de reconocer la importancia, la utilidad y aplicación práctica de un baremo o tabla de incapacidad en la solución del caso; la enseñanza más sencilla del fallo puede también sea también la más importante: el baremo debe servir para medir el daño; no puede servir para borrarlo.

*Abogado