La mora de las familias no es un problema entre privados
Para el Presidente argentino que las familias no pueden afrontar el pago de sus créditos es "un problema entre privados". Y el ministro de Economía Luis Caputo sostiene una posición similar: los deudores deben hacerse cargo de sus propias decisiones.

El diagnóstico oficial tiene un problema: no explica por qué la mora de los hogares no dejó de crecer en casi dos años, ni por qué ese deterioro no se distribuye al azar, sino que golpea de manera sistemática a los mismos sectores. Las dos mediciones disponibles, con metodologías distintas, coinciden en la dirección. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora bancaria de las familias se mantuvo en junio en 12,8%, tras 19 meses consecutivos de alza, más del doble que el 5,2% de junio de 2025. El Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, muestra un deterioro todavía mayor: la morosidad llegó a 18% del total de créditos en julio, el vigésimo primer aumento mensual consecutivo, con un alza interanual de 10,3%. Este relevamiento encontró que el 26,6% de los titulares de crédito estaba en mora en julio. La lectura de responsabilidad individual puede explicar casos aislados, pero no explica un fenómeno agregado, sostenido en el tiempo y confirmado por dos fuentes con universos distintos.
Las causas que explican cómo llegamos a esta situación son varias, pero comparten una misma raíz: son consecuencia de decisiones de política económica concretas que derivaron en caída del empleo formal, un cambio drástico en la estructura de precios relativos y encarecimiento real del crédito. Estos efectos golpearon al mismo tiempo sobre un mismo bolsillo. Y si bien no pone en riesgo al sistema financiero, es una realidad que afecta a los sectores medios bajos de la población y que merece atención desde la autoridad política.
No todas las familias que hoy están en mora se endeudaron por el mismo motivo. Hay un primer grupo que tomó crédito porque, al momento de asumirlo, la cuota entraba cómodamente en su presupuesto. En estos casos no es la tasa de interés sino el monto de la cuota la que define si tomar o no el crédito. Por otra parte, están quienes usaron la tarjeta para sostener consumos que antes pagaban de contado apostando a que la pérdida de poder de compra era transitoria. Ambos grupos terminaron en el mismo lugar: sin poder afrontar sus deudas. Pero llegaron por caminos distintos, y esa distinción desarma el argumento de que la mora es simplemente el resultado de malas decisiones individuales.
Los datos respaldan esa lectura. Según el BCRA, en abril de 2026, la carga mensual de servicios de deuda de las familias representó 24,1% de la masa salarial, y cerca del 80% de esa carga correspondió a préstamos personales y tarjetas de crédito. En la misma línea, el relevamiento de Eco Go y la Universidad Austral encontró que más de la mitad de los encuestados considera que las tasas de interés son tan altas que el crédito termina siendo una trampa, y que casi la mitad de quienes se endeudaron tiene dificultades para cumplir con los pagos.
¿Qué pasa en nuestra provincia?
Según el informe de la Universidad Austral, Entre Ríos es una de las provincias con menor porcentaje de mora sobre el monto de los créditos, 14%, detrás de La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro mensual de este indicador para julio es igual al promedio nacional (+0,5%), pero el acumulado interanual es menor (+7,8% vs. +10,3%), lo que sugiere que la provincia viene deteriorándose a un ritmo más lento que el país en general, aunque no está exenta del fenómeno. Si miramos por tipo de deuda, mientras la mora del sistema financiero entrerriano es de 10,5%, la de los proveedores no financieros casi la triplica, con 30,8%.
En cuanto a la cantidad de deudores cada mil habitantes y el promedio del monto de deuda en mora, la provincia tiene indicadores por debajo del promedio nacional: 399 deudores cada 1.000 habitantes, contra 445 a nivel país; y una deuda promedio por deudor de $4,3 millones, contra $4,8 millones a nivel país. Pero esto que parece una buena foto no significa algo bueno per se: la variación interanual muestra un deterioro similar al promedio nacional. La provincia está atravesada por el mismo proceso, pero con menos intensidad y un mejor punto de arranque. Al mirar la serie histórica, la mora casi se cuadriplicó entre diciembre de 2023 y julio de 2026: pasó de 4,1% a 14,0%, mientras el crédito real (en billones de pesos, a precios de junio de 2026) creció de $1,1 a $2,5.
¿Qué pasa si miramos el fenómeno desde el lado de los ingresos? El primer factor es la pérdida de empleo formal. El trabajo registrado total, excluyendo el Monotributo Social, pasó de 12.730.782 puestos en noviembre de 2023 a 12.546.139 en junio de 2026, una caída neta de 184.643 puestos, concentrada especialmente en el empleo asalariado privado. En el primer trimestre de 2026 la destrucción de empleo formal se extendió a 19 de las 23 provincias del país.
Por su parte el salario real de quienes conservaron su empleo en el sector privado registrado prácticamente no se movió. Según los datos provisorios del SIPA, en julio de 2026 se ubicó apenas 0,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, luego de acumular tres meses consecutivos de caída (-3,6%). En términos de poder de compra agregado, el salario volvió casi al punto exacto de partida, casi tres años después.
Esto cambia el eje del argumento. El ingreso de quienes tienen trabajo registrado no colapsó: lo que cayó fue la cantidad de gente con ese tipo de trabajo, y lo que cambió drásticamente para quienes sí lo conservaron no fue cuánto ganan, sino en qué se les va ese ingreso. La estructura del gasto se modificó tanto en estos años que el mismo salario real de 2023 hoy compra menos educación, menos salud y menos servicios esenciales que entonces. El ingreso llegó casi intacto; lo que se redujo, y drásticamente, fue lo que ese ingreso alcanza a comprar.
La segunda compresión del ingreso disponible: lo que subió más que los ingresos. Dos mecanismos concretos explican esta compresión: la desregulación de precios de bienes como colegios privados y prepagas, y la recomposición de tarifas de servicios públicos.
Durante 2025 los servicios aumentaron 43,1% interanual, muy por encima de los bienes, que subieron 26,5%. Dentro de esa división, la salud subió 28,2% en el año, impulsada por prepagas que treparon entre 29,8% y 45,3% según la región. El resultado es una porción cada vez menor de ingreso disponible: no porque las familias ganen menos ni porque gasten distinto por elección, sino porque lo que antes era ingreso disponible para consumo corriente hoy está absorbido por educación, salud y tarifas.
Hay un tercer elemento que explica por qué la mora, además de aparecer, se sostuvo: la suba de tasas de interés activa desde 2024. El financiamiento con tarjeta nunca fue barato en Argentina; cuando además se encareció en términos reales, la cuota de la deuda contraída para sostener el nivel de vida se volvió, con el tiempo, tan difícil de pagar como el gasto que buscaba cubrir. La cuota del crédito compite por esa misma porción de ingreso disponible: cuando se encarece, no solo hay que dejar de consumir para pagarla, hay que dejar de pagarla, y ahí aparece la mora.
Los tres factores no son fenómenos aislados: son resultado de decisiones de política económica que impactaron simultáneamente sobre el mismo ingreso disponible de los hogares. A la pregunta de si alguien les puso una pistola en la cabeza para endeudarse, los datos responden que no hizo falta: bastó con que menos gente tuviera trabajo registrado, con que lo que ese trabajo paga alcanzara cada vez para menos, y con que el crédito se encareciera, al mismo tiempo, durante casi dos años seguidos.
*Economista - Especialista en finanzas personales