El consumidor frente a los fraudes bancarios digitales

Por Martín Céspedes*

Durante mucho tiempo el derecho privado partió de una idea sencilla: dos personas libres celebraban un contrato en condiciones de igualdad y ambas debían cumplirlo.

Ahora bien, la realidad actual nos demostró que ser iguales ante la ley no significa necesariamente estar en igualdad de condiciones.

De un lado puede encontrarse una persona que contrata un servicio; del otro, una empresa profesionalmente organizada, con conocimientos técnicos, información y capacidad económica muy superiores. Allí encuentra una de sus principales razones de ser el Derecho del Consumidor.

En nuestro país, el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de consumidores y usuarios a la protección de su seguridad e intereses económicos. A ello se suma la Ley 24.240, que establece, entre otras cosas, el deber de información y seguridad del proveedor. Esta diferencia entre consumidor y proveedor resulta particularmente visible en la actividad financiera.

Hoy en día, un banco ya no nos brinda solamente una cuenta y un CBU. Nos proporciona home banking, aplicaciones móviles, transferencias inmediatas, tarjetas virtuales, créditos preaprobados y operaciones disponibles las veinticuatro horas. Este servicio que puede estar expuestos a riesgos o delitos financieros, también forma parte del servicio que nos presta la entidad financiera.

Por lo tanto, junto con la facilidad y rapidez que ofrece la banca digital aparecen obligaciones de información, control, seguridad y prevención del daño. El consumidor sabe utilizar una aplicación, pero no conoce ni controla lo que ocurre detrás de ella. El banco, en cambio, administra los mecanismos de autenticación, registros de acceso, dispositivos habilitados, alertas, perfiles transaccionales y sistemas destinados a detectar operaciones inusuales.

Claramente la realidad actual nos pone en evidencia una nueva desigualdad, ahora tecnológica.

En ese escenario aparece el phishing o delito financiero, ya que un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico o una llamada aparentemente auténtica. “Detectamos una operación sospechosa”. “Su cuenta será bloqueada”. “Necesitamos validar sus datos”.

El consumidor confía, proporciona información y el delincuente consigue ingresar al sistema. ¿Termina allí la responsabilidad del banco porque la víctima entregó sus datos?

Un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes – máximo organismo judicial en la provincia - respondió negativamente. Así, en diciembre de 2025 resolvió el caso de una consumidora víctima de phishing mediante el cual se había obtenido un préstamo posteriormente declarado nulo. El banco sostuvo que había sido la propia cliente quien había proporcionado voluntariamente sus datos.

El Superior Tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que el banco continúa siendo el principal obligado a garantizar la seguridad de las operaciones y prevenir fraudes electrónicos, especialmente porque la trazabilidad técnica de los canales digitales se encuentra bajo su control. El fallo menciona además mecanismos concretos de prevención: doble autenticación, monitoreo de operaciones inusuales, alertas y controles sobre dispositivos y direcciones IP.

La diferencia es importante: una cosa es explicar cómo el delincuente consiguió las claves y otra, por qué el sistema permitió después concretar el daño.

Fueron 51 transferencias en 35 minutos. En otro caso paradigmático, “Martorina c/ Nuevo Banco de Santa Fe” se realizaron 51 transferencias “infrecuentes” - destaca el fallo - de $20.000 en menos de 35 minutos. Luego hubo otras tres operaciones. En total desapareció más del 98% del dinero disponible en la cuenta.

Allí, la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe consideró suficientemente acreditada, en esa etapa preliminar, la existencia de operaciones extraordinarias y terminó adoptando una decisión particularmente interesante: ordenó cautelarmente al banco restituir la totalidad del dinero transferido, $1.078.000, previa fianza, sin esperar la sentencia definitiva. Esto significa devolver en forma anticipada y sin esperar el consumidor, la tramitación total de un proceso que puede llevar años.

Esto muestra otra faceta moderna del Derecho del Consumidor: no solamente reparar el daño cuando finalmente termina un juicio, sino también procurar evitar que el transcurso del proceso termine agravándolo.

Aunque entendemos que el consumidor también debe actuar con prudencia: proteger sus contraseñas, no proporcionar códigos de seguridad y desconfiar de enlaces o comunicaciones sospechosas; el hecho de que el consumidor haya sido engañado tampoco puede convertirse automáticamente en una eximente de responsabilidad para el banco.

Habrá que analizar cada caso: si las operaciones eran habituales, si se realizaron desde un dispositivo nuevo, si existieron transferencias sucesivas, incorporación de destinatarios desconocidos, contratación repentina de créditos o movimientos incompatibles con el perfil del cliente. Y también habrá que preguntarle al banco qué medidas adopto su sistema frente a esas señales, y donde debe participar activamente – puesto que es quien cuenta con toda la información de su propia plataforma digital – en la clarificación del caso.

La tecnología cambió extraordinariamente la forma de utilizar los servicios financieros y el Derecho del Consumidor necesariamente debe acompañar esa transformación, ya que buena parte de la seguridad está en nuestro Celular. Y por ello, las ventajas de la digitalización no pueden pertenecer exclusivamente al proveedor mientras todos sus riesgos son trasladados al usuario.

Mas aún, cuando el delito financiero ya no es un hecho imprevisible para el banco, y por ello, sin desconocer la responsabilidad del propio usuario en la protección de sus datos, debemos preguntarnos en la actualidad: ¿Por qué el sistema que debía proteger su dinero no consiguió detenerlo?

*Martín Céspedes

Abogado

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