Trabajadores de plataformas digitales: la ley llegó, pero la protección no
La Ley 27.802 identifica y reconoce algunos derechos a repartidores y conductores, pero los declara independientes y los deja fuera de la legislación laboral. La experiencia española muestra que existían otras respuestas posibles.
En una nota publicada en 2019 ya advertíamos sobre un nuevo grupo de trabajadores que no encajaba en las categorías jurídicas tradicionales. No reunían, al menos visiblemente, todos los rasgos clásicos de una relación laboral, pero tampoco constituían verdaderos empresarios autónomos. Dependían de una aplicación que les asignaba tareas, organizaba el contacto con los clientes y podía dejarlos fuera del sistema.
Por Roberto Martín Céspedes*
La pregunta era sencilla: ¿qué sucede si quien obtiene su principal ingreso repartiendo pedidos queda incapacitado después de un accidente? El trabajador registrado cuenta con el sistema de riesgos del trabajo. El emprendedor autónomo clásico organiza su empresa, negocia honorarios y forma una clientela. El trabajador de plataforma digital queda en el medio: soporta los riesgos del empresario, pero carece de su poder económico.
Siete años después, la Ley 27.802 finalmente regula el tema que nos convoca. Sin embargo, en lugar de resolver aquella desprotección, en buena medida la convirtió en una categoría legal.
La autonomía frente a las plataformas
El nuevo régimen comprende los servicios de movilidad de personas y reparto contratados mediante plataformas tecnológicas (Rappi, Pedido Ya, Uber, etc.). Denomina a conductores y repartidores "prestadores independientes", los excluye expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo y dispone que, para lo no previsto, se aplique el Código Civil y Comercial.
La denominada Ley de Modernización Laboral les reconoce libertad para conectarse, utilizar distintas aplicaciones, rechazar pedidos, elegir vehículo y su recorrido y desconectarse sin preaviso. También exige información sobre cada servicio, capacitación, atención humana, explicaciones frente a una suspensión y el pago íntegro de las propinas. Son previsiones razonables, pero regulan la flexibilidad de la actividad, no la desigualdad económica existente.
El prestador no tiene garantizados ingreso mínimo, vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, límites de jornada, indemnización por despido ni protección frente al desempleo. Tampoco un sistema específico de negociación colectiva. Y la libertad de rechazar pedidos es cuanto menos cuestionable en la especialidad.
Allí aparece el empleador invisible: el algoritmo. La plataforma o app no entrega órdenes en papel, pero clasifica, premia, penaliza, asigna viajes, calcula tarifas y decide quién trabaja. La subordinación no desaparece porque la instrucción sea emitida por un programa.
La protección de los repartidores frente a los accidentes –quienes se encuentran expuestos a múltiples riesgos dado que se desempeñan en la vía pública en moto vehículo o en bicicleta– también es insuficiente. Se reconoce un seguro de accidentes personales que debe contemplar fallecimiento accidental, incapacidad permanente y determinados gastos médicos, farmacéuticos y funerarios, pero no se establece una ART ni un sistema equivalente de prevención, tratamiento integral, rehabilitación y prestaciones dinerarias durante una incapacidad temporaria.
Aunque la ley dice que el seguro será proporcionado por las plataformas, dispone que su provisión y sus gastos serán objeto de libre acuerdo. Se proclama un derecho y luego se permite negociar quién lo paga entre una plataforma y un repartidor individual. Ante semejante desigualdad, la autonomía de la voluntad puede transformarse en la libertad del más fuerte para imponer condiciones.
Pensemos además que la regulación contiene una injusticia frente a un claro esfuerzo y costo que asume un empleador en la relación clásica de trabajo (por ej. Una Distribuidora comercial) quien debe asumir los costos laborales, aportes, obra social, ART y demás, y justamente a esta Pyme le exigimos mucho más que a una plataforma digital, una empresa, cadena o franquicia multinacional, con otros ingresos y recursos técnicos económicos.
La situación en el derecho español
Aportando sobre la misma problemática, tomamos la previsión del derecho español. La Ley 20/2007 creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, aplicable al autónomo genuino que obtiene al menos el 75% de sus ingresos de un cliente principal. Exige contrato escrito y registrado y reconoce garantías frente a la interrupción y extinción de la actividad.
Después, la jurisprudencia comprobó que muchos repartidores eran trabajadores por cuenta ajena. En 2020, el Tribunal Supremo declaró laboral la relación entre Glovo y un repartidor porque la empresa no era una simple intermediaria: organizaba el servicio y ejercía dirección y control mediante su plataforma.
En el año 2021 legisla sobre una presunción de laboralidad cuando la empresa ejerce organización, dirección y control, aun indirectos, mediante la plataforma digital.
La objeción a la Ley 27.802 no consiste en negar que puedan existir verdaderos prestadores autónomos, ya que esta previsión existía en el Código Civil Argentino. El problema es convertir esa posibilidad en una calificación general y anticipada. La realidad puede mostrar tarifas impuestas unilateralmente, dependencia económica, seguimiento por geolocalización, premios por disponibilidad, pérdida de prioridad por rechazar pedidos y bloqueos sin un contradictorio efectivo.
La nueva ley pudo establecer un ingreso mínimo para este prestador, una cobertura integral de accidentes, aportes compartidos, descansos, derechos mínimos garantizados protegiendo esta evidente desigualdad frente a la plataforma digital. También pudo presumir una relación laboral cuando la plataforma dirigiera o controlara efectivamente el trabajo, reservando la autonomía para quien fuera verdaderamente autónomo.
Eligió otra solución: asegurar la independencia de la plataforma antes que la seguridad del prestador.
La Jurisprudencia de Nuestros Tribunales
En nuestro país, aun antes de la sanción la jurisprudencia se expidió sobre el tema considerando que la situación de los repartidos de plataformas digitales, quienes acreditando un servicio para estas plataformas con dedicación exclusiva es considerado como una clara relación laboral de dependencia: fundamentado ello en la presunción de laboralidad del art. 23 de la ley de contrato de trabajo. Incluso ha tocado expedirse en el caso a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien ha expresado ya este criterio “Ministerio de Trabajo vs. Rappi Argentina S.A.S. s. Apelación de resolución administrativa”, SCJ, Buenos Aires.
La tecnología modificó la forma de impartir órdenes, pero no eliminó la vulnerabilidad. Detrás de cada viaje hay una persona que pone su tiempo, su propio cuerpo y muchas veces su único vehículo para obtener ingresos. Llamarla independiente no la vuelve empresaria; excluirla de la legislación laboral no elimina las contingencias que enfrenta, como tampoco elimina los debates y litigios futuros como sostenemos.
*Abogado especialista en Derecho Laboral. Docente universitario. Mat. F°139 - N° 5109.
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