Meta pagará una suma multimillonaria y aplicará restricciones en sus plataformas tras el acuerdo con los estados demandantes

El gigante tecnológico Meta alcanzó un acuerdo judicial histórico mediante el cual abonará 17.000 millones de dólares e implementará una serie de severas modificaciones en los parámetros de funcionamiento de sus redes sociales Facebook e Instagram. La resolución pone fin de forma anticipada al proceso legal iniciado en los Estados Unidos por una coalición de 47 fiscales generales estatales, entre los que figuran las jurisdicciones de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, quienes habían promovido acciones colectivas acusando a la firma de diseñar deliberadamente funciones adictivas para el público infantil y adolescente.

El entendimiento económico contempla la distribución de los fondos entre los estados demandantes, registrando desembolsos de gran magnitud como los 353 millones de dólares asignados al estado de Virginia para destinar a programas de protección al consumidor y resguardo digital. De manera paralela al pago pecuniar, la compañía se comprometió a reestructurar los algoritmos y la interfaz de sus plataformas digitales para evitar conductas compulsivas en usuarios menores de edad, dando respuesta a los señalamientos formulados durante las audiencias preliminares desarrolladas en los tribunales federales de Oakland.

Entre las medidas operativas acordadas se destaca el establecimiento de límites máximos estrictos para el tiempo de uso diario, la interrupción automática de notificaciones emergentes durante el horario de cursado escolar y la aplicación de mecanismos rigurosos para la verificación de edad. Asimismo, Meta deberá limitar la visibilidad de los recuentos de interacciones y las herramientas de comparación social, al tiempo que reforzará los filtros para restringir el acceso a contenidos vinculados a trastornos alimentarios, conductas de autolesión y situaciones de acoso virtual.

El expediente judicial incorporó testimonios del personal directivo de la empresa e informes internos que daban cuenta de la efectividad relativa de las funciones opcionales previas. Con la homologación de este pacto, la firma sustituirá las configuraciones voluntarias por controles predeterminados de fábrica y habilitará herramientas de supervisión parental de mayor alcance, concluyendo uno de los litigios normativos de mayor envergadura en materia de salud mental juvenil y tecnologías de la información.