El Gobierno de Entre Ríos apelará la cautelar por la provisión de alimentos y ratifica la continuidad del servicio en las escuelas

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia provincial que suspendió la distribución de alimentos con sellos de advertencia en los desayunos y meriendas de los establecimientos educativos públicos. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo ratificó que la prestación alimentaria continuará de manera ininterrumpida en todas las escuelas del territorio entrerriano mientras avanza la sustanciación del proceso judicial.

La resolución que motivó la respuesta estatal fue emitida por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, quien hizo lugar a una medida cautelar interpuesta en el marco de un amparo colectivo promovido por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce. El fallo ordena al Estado provincial abstenerse de servir o distribuir productos que contengan los rotulados previstos por la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, encomendando restituir provisoriamente el esquema de provisión anterior.

Desde la administración provincial precisaron que la decisión del magistrado "no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión", sino una disposición de carácter precautorio adoptada durante la etapa inicial del litigio. En ese sentido, remarcaron que la legalidad del nuevo sistema centralizado de compras impulsado por la provincia se debatirá durante la tramitación formal de la causa, cuyo plazo para contestar la demanda vence al cierre de esta semana.

En relación a la logística en los comedores escolares, las autoridades provinciales aclararon que la medida judicial no altera el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Según explicaron, la implementación del nuevo sistema centralizado se planificó de manera gradual, dándose instrucciones previas a los directivos escolares para mantener los mecanismos habituales de aprovisionamiento hasta que el nuevo esquema estuviera plenamente operativo, lo que garantiza la atención de los estudiantes.

Por otra parte, el Ejecutivo defendió la reestructuración de la provisión alimentaria como una política destinada a optimizar el uso de los fondos públicos y dotar de mayor transparencia a las contrataciones del Estado, dejando atrás procedimientos de compra que habían sido objeto de cuestionamientos administrativos. Desde la Provincia remarcaron que agotarán las instancias procesales para revertir la medida cautelar y sostener el modelo de gestión propuesto.

Con el plazo de apelación en curso, la causa mantendrá su tramitación en el fuero judicial paranaense, mientras las escuelas públicas de la provincia continúan aplicando la modalidad de abastecimiento previa para asegurar el cumplimiento del servicio alimentario diario.