El campo y la industria frigorífica se unen contra el plan oficial de eliminar los aportes al Instituto de Promoción de Carne Vacuna
La Mesa de Enlace y las principales cámaras del sector rechazaron el anteproyecto del Ministerio de Desregulación que propone hacer voluntarios los aportes al Ipcva a partir de 2027. Advirtieron que la medida provocará la desfinanciación del organismo y afectará la promoción de las exportaciones.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace agropecuaria y las principales cámaras de la industria frigorífica del país emitieron un contundente rechazo conjunto ante las modificaciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación. Las instituciones advirtieron que la iniciativa oficial pondría en serio riesgo la continuidad del organismo técnico e institucional encargado de posicionar la carne argentina en los mercados internacionales.

El rechazo sectorial responde a un borrador elaborado por la cartera que encabeza Federico Sturzenegger dentro del esquema de reformas normativas. El texto propone modificar la Ley 25.507 —norma que creó el Ipcva en el año 2001— para fijar la finalización de las contribuciones obligatorias a partir del 1° de octubre de 2027, instruyendo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura a dejar de percibir dichos fondos.
Desde el Consejo de Representantes del Ipcva remarcaron que el organismo se sostiene exclusivamente con recursos privados aportados por la cadena bovina, donde los productores entregan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena y los frigoríficos el 0,03%. Según explicaron, este monto representa aproximadamente 1.200 pesos por animal faenado —el equivalente a unos 250 gramos de carne—, un costo marginal en comparación con los beneficios de apertura de mercados, promoción de la marca "Carne Argentina" y apoyo técnico a las tareas sanitarias del Senasa.

En un documento firmado por los titulares de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a directivos del Consorcio de Exportadores ABC, Ciccra, Fifra, Cadif y Unica, el sector alertó que pasar a un esquema de arancelamiento voluntario significaría en la práctica el cierre del instituto. Asimismo, señalaron que los principales países competidores en el comercio exterior cárnico —como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido— cuentan con entidades similares financiadas mediante esquemas obligatorios e incluso con aportes estatales, por lo que la medida dejaría a la producción nacional en una posición de clara desventaja competitiva.