Bajos salarios, recortes en becas y falta de infraestructura: el impacto de la crisis universitaria en Gualeguaychú

El ajuste presupuestario que el Gobierno nacional aplica sobre el sistema universitario tiene claro impacto en todo el país, y Gualeguaychú no es la excepción. Tras la movilización del jueves, el docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Diego Zanetti, aportó datos que muestran el deterioro salarial, la licuación de becas y la paralización de obras clave como el Hospital Veterinario.

El sistema universitario está en alerta hace tiempo. En la actualidad, el primer punto de alarma es el Presupuesto Nacional 2027 que se discute en el Congreso de la Nación, ya que lo asignado a las Universidades Nacionales se encuentra un tercio por debajo de las necesidades operativas mínimas que estas tienen para funcionar normalmente.

A ese recorte se suma otro hecho político central: la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) por parte del gobierno de Javier Milei. “No se trata de un hecho puntual, sino de un recorte estructural que opera al margen del mandato legislativo y que vulnera la seguridad jurídica de las instituciones educativas”, expresó Zanetti.

Menos becas, menos posibilidades

El impacto territorial del recorte se puede ver con claridad en la Facultad de Bromatología de la UNER. La unidad académica de Gualeguaychú mantiene una base histórica de alrededor de 2.000 estudiantes matriculados, con unos 500 ingresantes por año. A nivel provincial, en tanto, el crecimiento es sostenido: en 2026 hubo 6.827 nuevos ingresantes. Entonces, la demanda por educación pública no cae, crece. En contraste, las becas se licuaron: a septiembre de 2026, las becas estudiantiles de la UNER (de Estudio, de Formación y de Tutores) rondan los $70.000 mensuales.

“Con el esquema actual de congelamiento presupuestario y la inflación acumulada, el poder adquisitivo real de ese monto se desintegró”, apuntó Zanetti y advirtió: “El riesgo es que los estudiantes de menores recursos tengan que abandonar o ralentizar su trayectoria universitaria”.

Salarios a la baja y obras paralizadas

El ajuste también golpea el bolsillo de los trabajadores y el patrimonio de la Universidad. Tomando como caso testigo el salario de bolsillo de un Profesor Auxiliar de Primera, actualmente es de $303.333,25, ya que la no aplicación de la actualización por IPC que exige la Ley 27.795 genera un déficit acumulado.

“Estimando una pérdida de poder adquisitivo del 35% y una recomposición del 50% frente a la inflación no compensada del último año, el Estado le estaría reteniendo unos $151.666 por mes a ese docente. En 12 meses, la deuda con cada docente en esa categoría asciende a $1.819.999”, ejemplificó el referente de la AGDU.

El otro caso emblemático para Gualeguaychú es el del Hospital Veterinario. La obra fue financiada con un crédito internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento - CAF), pero el Estado Nacional retuvo y reasignó esos fondos a otras carteras, según denunciaron en su momento desde la universidad.

“La obra quedó paralizada durante un año. Fue neutralizada en febrero de 2024 por falta de pago y recién pudo reiniciarse en febrero de 2025, con la propia UNER asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción para evitar el deterioro de lo ya construido e intentar terminarlo”, recordó Zanetti y concluyó: “El recorte en salarios, becas e infraestructura muestran que el ajuste en la UNER no es un ahorro fiscal, sino un freno al desarrollo regional que la universidad genera en Gualeguaychú”.

Los riesgos del recorte presupuestario

Las facultades de la UNER radicadas en la costa del Uruguay advirtieron que el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno Nacional prevé un recorte real de un tercio (33%) en los fondos respecto a 2023, acumulando cuatro años consecutivos de desfinanciamiento.

En este contexto, el decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, remarcó la importancia de la institución en el ámbito provincial: “Somos la universidad de la provincia. Junto y de forma muy respetuosa con la Tecnológica y con la Uader, que son universidades hermanas, la UNER representa un alto porcentaje en el peso del desarrollo de la producción científica y tecnológica, e incluso de la matrícula provincial, por lo que necesitamos, en función de ello, ser escuchados”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio, hizo un llamado al respaldo político e institucional: “Lo que estamos pidiendo es acompañamiento, que los legisladores nos apoyen en la discusión presupuestaria y, por supuesto, también al Gobierno de Entre Ríos para que haga propia esta lucha. En definitiva, es una lucha que favorece el desarrollo estratégico provincial con una de las organizaciones que mayor capacidad científica y tecnológica aporta a la provincia de Entre Ríos”.

A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry, manifestó la gravedad que implica el incumplimiento de una normativa aprobada por el Poder Legislativo: “Las universidades han tomado todos los caminos institucionales y legales reclamando la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Vivimos en una república, con división de poderes, y el Congreso está integrado por legisladores que el pueblo elige. El Presidente debe cumplir con las leyes que aprueban las cámaras y eso no está sucediendo”. Y resaltó: “La universidad no solo genera el conocimiento para formar un profesional de calidad, sino que también un impacto económico y social en una región que es incalculable”.

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