Stella Maris Martínez rechazó bajar la edad de imputabilidad durante la reunión anual de la Defensa Pública

La ex Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, tuvo una participación destacada en la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, desarrollada en la ciudad de Concordia. Durante el encuentro técnico e institucional, la especialista expuso sobre el rol fundamental que cumplen los defensores y defensoras en la protección integral de las garantías fundamentales y fijó una postura clara en torno a debates jurídicos centrales que atraviesan la agenda penal juvenil del país.

Uno de los ejes conceptuales expuestos por la ex funcionaria nacional radicó en el explícito desacuerdo institucional con las iniciativas legislativas y políticas que promueven la reducción de la edad de imputabilidad para menores de edad. Sobre este aspecto, Martínez sostuvo que el endurecimiento punitivo no constituye la herramienta idónea para el abordaje de la conflictividad en adolescentes y abogó por consolidar la implementación de la justicia restaurativa.

Según explicó, este paradigma alternativo fomenta un esquema de pacificación orientado a conciliar a la víctima con el victimario, resultando una vía técnicamente adecuada para atender los litigios en los que intervienen personas menores de 18 años.

En el plano procesal y operativo, la especialista profundizó en la necesidad técnica de asegurar el principio de "igualdad de armas" entre las estructuras de la Defensa Pública y los organismos del Ministerio Público Fiscal. Remarcó que la carga de trabajo asignada a las defensorías exige dotar a los equipos de recursos humanos y materiales proporcionales a los de la acusación pública. Para dar cumplimiento efectivo al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, fundamentó la urgencia de incorporar de forma permanente mayor cantidad de peritos, profesionales de la psicología, psiquiatría y trabajo social a las plantas técnicas interdisciplinarias.

Asimismo, Martínez subrayó que los defensores públicos se desempeñan técnicamente como garantes primarios de los derechos humanos en el proceso judicial. Detalló que este rol está prescrito taxativamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y respaldado por pronunciamientos de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido, reafirmó la obligación del estamento judicial de velar por el cumplimiento irrestricto de las garantías procesales establecidas en los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad.

En el marco organizativo de las jornadas, Martínez expresó su reconocimiento al nivel de desarrollo de la estructura entrerriana y elogió el trabajo llevado adelante por el Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, remarcando el compromiso de los integrantes del fuero en la gestión técnica del organismo provincial. La jornada reunió a funcionarios y magistrados de diversas jurisdicciones para evaluar la evolución del sistema de defensa pública y el funcionamiento del servicio asistencial.