Proponen que las aseguradoras paguen las pericias policiales de los accidentes viales

Cada vez que ocurre un choque en las rutas o calles de Entre Ríos, la Policía provincial activa un despliegue técnico de alta complejidad: inspecciones mecánicas, registros fotográficos, planimetrías, análisis de huellas y reconstrucciones virtuales. Hasta hoy, el 100% de esos costos de materiales, tecnología y personal especializado recae exclusivamente sobre las arcas públicas.

Para revertir esta situación, ingresó a la Legislatura entrerriana el proyecto de ley para la creación del Régimen Provincial de Recupero de Gastos por Intervenciones Técnicas y Pericias Accidentológicas, el cual ya fue girado a comisión para su tratamiento. El proyecto fue presentado por la diputada provincial, Gabriela Lena (JxER) y fue girado a Comisión en la última sesión del pleno de Diputados.

El eje central de la propuesta radica en arancelar estas intervenciones y exigir el reintegro de los gastos directamente a las empresas aseguradoras de los vehículos involucrados, siempre que cuenten con cobertura vigente en el marco de la Ley Nacional de Seguros. La tasa se calculará en función del tiempo de trabajo, el instrumental utilizado y la complejidad del operativo.

Un aspecto fundamental del proyecto es el resguardo a los ciudadanos: la medida no generará ninguna carga económica para las víctimas ni para terceros damnificados. Asimismo, se contemplan exenciones por vulnerabilidad social o para casos donde los vehículos no posean seguro, garantizando que la actuación policial y la asistencia médica de emergencia no sufran demoras ni condicionamientos.

Lo recaudado tendrá una "afectación específica", lo que significa que el dinero no irá a rentas generales. Los fondos se volcarán íntegramente al fortalecimiento de las áreas de accidentología vial. Esto permitirá comprar y mantener equipamiento técnico de última generación, incorporar nuevas herramientas digitales para investigar siniestros y capacitar de forma continua al personal de la fuerza.

La iniciativa encuentra sustento en la Constitución provincial, que avala el financiamiento estatal mediante el cobro de servicios prestados bajo criterios de equidad y transparencia, siguiendo además antecedentes que ya funcionan con éxito en otras provincias del país.