La falta de reglamentación de un artículo de la Ley de Trabajo Agrario complica a la Anses

El Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dictó sentencia en tres acciones de amparo presentadas de manera independiente por trabajadores jubilados bajo el Régimen de Trabajo Agrario. La resolución judicial dispone la suspensión inmediata de la retención del 5 por ciento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicaba mensualmente sobre los haberes previsionales bajo el concepto “Cargo Aportes Agrarios” o sus denominaciones equivalentes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto las autoridades competentes dicten la reglamentación correspondiente al artículo 83 de la Ley N° 26.727.

Asimismo, el fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto N° 157/2018 y ordenó al organismo nacional un plazo de 60 días para confeccionar la liquidación final de la deuda por aportes omitidos. En dicho informe, la Anses deberá precisar los montos definitivos a descontar o proceder al reintegro de las sumas retenidas en caso de corresponder, imponiendo las costas del proceso al organismo demandado.

El origen de la metodología preventiva y el marco normativo

La controversia legal se originó en la aplicación del artículo 83 de la Ley N° 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario, promulgada en diciembre de 2011. Dicha norma prevé el reconocimiento de servicios prestados con anterioridad a su entrada en vigencia mediante la fijación de un cargo por aportes omitidos, el cual debe ser deducido en cuotas del haber previsional una vez reglamentado el procedimiento técnico de cálculo por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en coordinación con la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Ante la falta de dictado de las normas complementarias por parte de la autoridad de aplicación, la Anses implementó la Circular PREV-27-05. A través de esta disposición interna, el organismo procedió a descontar de forma preventiva un 5 por ciento mensual de los haberes por aquellos períodos de servicios anteriores al 1 de enero de 2012 no registrados formalmente en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al analizar la fundamentación del fallo, el magistrado interviniente sostuvo que la prórroga indefinida de este esquema provisorio genera un estado de incertidumbre sobre el monto total adeudado y la duración del descuento, afectando la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales. En la resolución se señaló que el mecanismo derivó en la formulación de cargos preventivos sobre aportes hipotéticos que la administración presupone omitidos, configurando una situación de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en los términos de la Ley de Amparo N° 16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

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