Tras excluir a los funcionarios, La Libertad Avanza consiguió dictamen en Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II

La Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría para el proyecto que amplia el régimen de Inocencia Fiscal. El avance del texto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal —encabezadas por Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado respectivamente— se concretó luego de que el bloque de La Libertad Avanza aceptara limitar el alcance del beneficio para los miembros de los tres poderes del Estado en todas sus jurisdicciones.

La negociación parlamentaria estuvo condicionada por la controversia en torno al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, quienes adhirieron al sistema simplificado en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. Frente a los reclamos de los bloques aliados coordinados bajo las gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, la bancada oficialista optó por fijar un freno normativo explicito.

El dictamen aprobado establece la incorporación de dos artículos a la propuesta de modificación de las leyes tributarias y laborales vigentes:

Incompatibilidades estrictas: Se excluye del beneficio a funcionarios de rango igual o superior a secretario de Estado (Nación, provincias, municipios y CABA), legisladores, concejales, magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, defensores del Pueblo e integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. La prohibición aplica para quienes hayan ocupado esos puestos en los últimos cinco años.

Declaración sin beneficios: Los funcionarios alcanzados solo podrán utilizar el sistema como vía operativa para presentar su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, pero no accederán a la presunción de exactitud, la eximición de fiscalizaciones ni inmunidades tributarias.

Más allá del terreno político, la norma contempla alivios fiscales para el sector productivo y privado. Entre los puntos sobresalientes figuran la eliminación de los topes de facturación y patrimonio para acceder al régimen, la reducción permanente del 25% en multas formales para MiPyMEs y particulares, y la fijación de parámetros técnicos claros (como diferencias no inferiores al 15%) para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda objetar las declaraciones.

El proyecto se debatirá en el recinto el 26 de agosto en conjunto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, previo a ser remitido al Senado para su eventual sanción definitiva.

(Fuente: Infobae)