"No nos quedaremos de brazos cruzados": el duro comunicado con el que Milei confronta al Reino Unido por el Atlántico Sur

En respuesta a lo que calificó como un "accionar ilegítimo" por parte de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, el Poder Ejecutivo nacional decidió elevar la escala del reclamo diplomático y legal a nivel internacional.

A través de un comunicado oficial publicado este 28 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció que el mandatario Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos de la Nación para "iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar". El objetivo central de esta medida es "impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado 'Sea Lion'".

Desde la Casa Rosada sostienen que la explotación unilateral de recursos atenta contra el derecho internacional. En ese sentido, remarcaron que la Resolución 2065 (XX) de la ONU reconoce la disputa de soberanía e insta a las partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 exige no adoptar medidas unilaterales.

Por este motivo, el Gobierno estableció un plazo de dos semanas para que Londres suspenda sus actividades petroleras en la Plataforma Continental Argentina. En caso de no obtener una respuesta favorable, la República Argentina "solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos".

Por otro lado, el texto oficial rechazó de manera "categórica" la postura británica de considerar a las islas como "Territorio Británico de Ultramar", desestimando el valor del referéndum unilateral de 2013 por carecer de reconocimiento internacional.

Asimismo, la Casa Rosada denunció irregularidades en el espacio aéreo tras detectar operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas – Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica sin autorización argentina. Frente a esto, el Ejecutivo ordenó impulsar "de forma urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes".

"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza", concluye el documento, reafirmando una premisa histórica: "Las Malvinas son argentinas".

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