Milei se radicaliza y pone en riesgo sus débiles alianzas
La falta de consensos con los bloques aliados y la postura de los gobernadores provocaron la caída de puntos centrales de la iniciativa en la Cámara Alta, obligando al Gobierno a redefinir su estrategia parlamentaria.

Una compleja semana en la agenda parlamentaria del Congreso Nacional concluyó con un fuerte revés para los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
Durante la última sesión en el Senado, el oficialismo sufrió el desguace de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto marco que perdió tres de sus seis capítulos originales durante la votación en particular.
La falta de acuerdos previos con las bancadas aliadas y el posicionamiento crítico de gobernadores de distintas provincias terminaron por debilitar la mayoría circunstancial que el Gobierno nacional buscaba consolidar para destrabar su paquete de reformas en la Cámara Alta.
El quiebre en las negociaciones se profundizó a partir de las objeciones planteadas respecto a los artículos que flexibilizaban los límites a la venta de tierras a inversores extranjeros y las modificaciones al régimen legal de manejo del fuego.
A pesar de los intentos de última hora por articular modificaciones y fijar topes a la extranjerización, senadores que responden directamente a mandatarios provinciales de Tucumán, Neuquén, Salta y Misiones adelantaron su voto negativo a los capítulos más polémicos.
Si bien el proyecto obtuvo la aprobación en general para evitar un fracaso total de la convocatoria, los bloques de la oposición y legisladores provinciales impusieron su número para suprimir los tramos centrales de la normativa antes de su remisión a Diputados.
La ausencia de interlocutores clave durante la discusión de dictámenes y las divergencias internas en el gabinete nacional expusieron las dificultades del oficialismo para sostener alianzas legislativas estables.
Ante este escenario, la bancada oficialista analiza reconfigurar su dinámica de trabajo parlamentario, dejando de lado los proyectos normativos de gran alcance u "ómnibus" para abocarse exclusivamente a iniciativas puntuales e indispensables para la gestión económica, entre las cuales figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el debate del Presupuesto.