La Justicia resolvió el sobreseimiento de los investigados en la causa por la criptomoneda Libra
Un fallo del Juzgado Federal Nº 5 determinó la inexistencia de delito en las operaciones financieras con el activo digital e instruyó el cierre del expediente tras desestimar los planteos por presunta estafa y negociaciones incompatibles.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas en la investigación penal vinculada a la emisión, comercialización y difusión del criptoactivo conocido como token $LIBRA. La resolución judicial fue adoptada tras el requerimiento formal de desestimación presentado por el fiscal interviniente, Eduardo Taiano, al considerar que las conductas analizadas no encuadran en los tipos penales de estafa o negociaciones incompatibles con la función pública.
En el marco de la investigación, el magistrado analizó la mecánica operativa de las billeteras digitales y el impacto publicitario de las publicaciones en redes sociales sobre los mercados financieros. De acuerdo con los fundamentos vertidos en el fallo, la fluctuación en la cotización de los activos digitales y la disparidad registrada en el reparto de pérdidas y ganancias entre los tenedores no constituyen elementos probatorios suficientes para configurar un ardid defraudatorio o una maniobra de engaño penalmente relevante.
El dictamen judicial incorporó además diversos informes presentados por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica. Dichos organismos evaluaron los alcances de las manifestaciones públicas vertidas sobre el proyecto tecnológico y concluyeron que no existió utilización de recursos del Estado ni intervención institucional de carácter oficial.
Respecto de los peritajes técnicos incorporados al expediente, las tareas de trazabilidad sobre las plataformas de intercambio de activos de red no lograron consolidar vinculaciones directas con conductas ilícitas. Asimismo, la resolución tomó en consideración el apartamiento de los particulares damnificados del rol de querellantes, medida que fue confirmada por la Cámara Federal. Con esta decisión, el juzgado dejó establecido que la tramitación de las actuaciones no afecta el buen nombre ni el honor de las personas involucradas en el proceso.