Causa Vialidad: Máximo y Florencia Kirchner buscan frenar el embargo de bienes

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, resolvió conceder un recurso de casación impulsado por la representación legal de Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Sebastián José Sánchez, este último en calidad de director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. La medida habilita una nueva instancia de revisión orientada a expedirse sobre la vigencia y ejecución de las medidas cautelares que pesan sobre diversos inmuebles vinculados a la causa judicial.

La representación técnica, a cargo del abogado Luis Joel Goldin, había elevado la apelación luego de que el tribunal de primera instancia rechazara los planteos iniciales. En la fundamentación del recurso, la defensa sostuvo que la decisión recurrida generaba un gravamen de imposible reparación ulterior al avanzar con actuaciones preparatorias referentes al patrimonio. Asimismo, se argumentó que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a la cuantificación y procedencia de las disposiciones patrimoniales, invocando la necesidad de evitar situaciones irreversibles previas a la intervención del máximo tribunal.

Paralelamente, la defensa de las personas jurídicas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. fundamentó la presentación señalando que el mantenimiento de cautelares sobre bienes titularidad de las sociedades vulnera la autonomía patrimonial y la personalidad jurídica diferenciada de ambas entidades. Según la postura volcada en el expediente, la postergación del tratamiento formal de la situación de las empresas mientras persisten las restricciones cautelares afectaría el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio.

Consideraciones del tribunal y marco procesal

Al evaluar la admisibilidad del planteo, los magistrados del TOF N° 2 precisaron en su resolución que las medidas cautelares dispuestas en el marco del proceso no revisten el carácter de sentencia definitiva ni implican la extinción de la acción procesal o de la pena. No obstante, el cuerpo de jueces consideró pertinente otorgar la vía de casación atento a los agravios de índole patrimonial alegados por los recurrentes, los cuales justificaron la elevación del expediente para el examen de la instancia superior.

Con la apertura de esta vía apelativa, la Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar los alcances del dictamen originario, el cual involucra propiedades ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —entre ellas un departamento situado en la calle San José al 1111 y unidades en el complejo Madero Center— así como otros inmuebles localizados en la provincia de Santa Cruz.

La resolución de fondo sobre estos activos se enmarca en la etapa posterior al fallo dictado en la denominada causa Vialidad, en la cual el TOF N° 2 había establecido a fines de agosto un embargo preventivo sobre los bienes alcanzados por el proceso por un monto total de $684.990.350.139,86, resguardo dispuesto con el objeto de preservar los activos de manera previa a la resolución definitiva sobre su destino legal.

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