Realizaron allanamientos en Buenos Aires por la extorsión a un hombre de Gualeguaychú

A diez meses de la denuncia que dio origen a la causa, la investigación por una maniobra de extorsión telefónica que tuvo como víctima a un vecino de Gualeguaychú atraviesa una etapa decisiva. Con la mayor parte de los sospechosos identificados y gran parte de la prueba incorporada al expediente, el fiscal Lucas Pascual concentra ahora sus esfuerzos en localizar a dos mujeres que permanecen prófugas y concluir las medidas pendientes para definir la situación procesal de todos los involucrados.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecen con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. En los últimos días, efectivos de la DDI de San Isidro, con apoyo del personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, regresaron a Boulogne Sur Mer para realizar nuevos procedimientos a partir de información obtenida durante la pesquisa. Aunque los operativos no permitieron concretar las detenciones buscadas, sí aportaron nuevos elementos para la causa y reforzaron la reconstrucción de la red investigada.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que restan incorporar algunos informes relacionados con el circuito financiero utilizado durante la maniobra, una documentación considerada clave para completar el análisis de los movimientos de dinero y definir la responsabilidad de cada uno de los imputados.

Mientras tanto, la situación judicial de dos internos alojados en la Unidad Penal Nº 21 de Campana continúa siendo objeto de revisión. Ambos permanecen con prisión preventiva por decisión de la Justicia de Gualeguaychú, al ser considerados por la acusación como parte de la organización investigada. La defensa apeló la prórroga de esa medida cautelar y la cuestión deberá resolverse en una audiencia prevista para los próximos días.

Con la mayor parte de la estructura ya identificada, la expectativa de la Fiscalía pasa ahora por localizar a las dos mujeres que continúan prófugas y completar los últimos informes periciales para avanzar hacia el cierre de una investigación que demandó casi un año de trabajo conjunto entre distintas fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal.