“Los jueces no pueden convertir una probabilidad en certeza”: dos jóvenes fueron absueltos
Un Juez de Gualeguaychú absolvió a dos jóvenes que habían llegado a juicio acusados de narcomenudeo. La Fiscalía retiró la acusación sobre uno de ellos durante los alegatos de clausura y el magistrado cuestionó las pruebas reunidas contra el otro.

La sentencia fue dada a conocer el lunes por el vocal del Tribunal de Gualeguaychú, Tobías Podestá, quien realizó un extenso análisis de la acusación y de la prueba incorporada durante el debate. El proceso tenía como imputados a dos jóvenes, de 24 y 23 años, quienes habían sido acusados de actuar en forma conjunta y coordinada en la venta de drogas al menudeo.
De acuerdo con la acusación que había llevado el caso a juicio, desde mayo de 2025 y hasta el allanamiento realizado el 1 de agosto de ese año, ambos habrían tenido y comercializado estupefacientes en un domicilio de Holt Ibicuy. Según la hipótesis fiscal, ocasionales compradores concurrían a la vivienda y allí se producían intercambios de droga por dinero.
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la decisión adoptada por el Ministerio Público Fiscal durante los alegatos de clausura. Respecto del imputado de 23 años, la Fiscalía declinó el requerimiento de condena, es decir, dejó de sostener una pretensión acusatoria en su contra. Su defensa planteó entonces que, ante la ausencia de acusación fiscal, correspondía directamente dictar la absolución. De esta manera, el joven de 23 años fue finalmente absuelto de los hechos por los que había sido llevado a juicio.
Pero la situación del joven de 24 años tuvo un desarrollo diferente, ya que la Fiscalía sí sostuvo la acusación y llegó a solicitar una pena de ocho años de prisión. Se precisó que existía una investigación previa que había permitido reconstruir una presunta actividad de comercialización de cocaína y marihuana, y mencionó como elementos de prueba tareas de vigilancia, conversaciones telefónicas, el allanamiento y los elementos secuestrados.
Entre los objetos incautados durante el procedimiento figuraban cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital, recortes de nailon, un teléfono celular y un rifle de aire comprimido que había sido modificado para utilizar munición calibre .22.
Sin embargo, el debate judicial estuvo atravesado por cuestionamientos vinculados con la incorporación y preservación de la prueba. Entre otras situaciones, la defensa señaló la pérdida del legajo fiscal y cuestionó la cadena de custodia de los elementos.
El magistrado también observó que parte de la prueba mencionada durante la investigación no había sido incorporada al debate en las condiciones necesarias para otorgarle el valor pretendido por la acusación. La discusión incluyó además la ausencia de documentación original vinculada con el procedimiento y otros elementos que podían haber servido para corroborar la hipótesis fiscal.
Podestá puso el foco en uno de los principios centrales del proceso penal: la acusación debe ser demostrada con un grado de certeza suficiente para superar el estado de inocencia. Sostuvo una definición que terminó marcando el eje de la sentencia: “los jueces no pueden superar los errores de la estrategia del caso que presenta la acusación, recurriendo a hipótesis de simple ‘probabilidad’ para convertirla en certeza”. Y agregó: “En este caso no hay prueba que nos coloque en tal posición”.
Finalmente, resolvió absolver de culpa y cargo a ambos imputados. Respecto del joven de 23 años, la absolución alcanzó los hechos calificados como comercio de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. En el caso del acusado de 24 años, también dispuso su absolución por los delitos por los que había sido llevado a juicio.
La sentencia ahora encara el camino lógico del derrotero judicial antes de adquirir firmeza. El Ministerio Público Fiscal, descontento con la resolución, recurrirá a la Cámara de Casación Penal de Concordia para tratar de revertir este fallo, cuestionando lo que se considera irregularidades que no se tuvieron en cuenta en el proceso, la incidencia de la defensa en testigos, o el testimonio de supuestos compradores que habrían certificado la comercialización, entre otras pruebas.