El Tribunal Oral Criminal condenó a Sergio Schoklender a dos años y nueve meses de prisión en suspenso

El tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg absolvió a Julio De Vido, Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif. Paralelamente, los magistrados condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautores de administración fraudulenta. Asimismo, los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, respectivamente, en calidad de partícipes necesarios.

En el caso de la condena a Sergio Schoklender, la pena es de dos años y nueve meses de prisión en ejecución condicional, en el marco de la causa penal iniciada para investigar irregularidades en la administración financiera del programa de viviendas «Sueños Compartidos». La resolución judicial atribuye al imputado responsabilidad en el delito de desvío de fondos de origen público destinados a la ejecución de obras habitacionales desarrolladas bajo el amparo institucional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Luego de la notificación de la sentencia dictada por los integrantes del tribunal, Schoklender brindó declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py. Durante el intercambio periodístico, el querellado negó la existencia del desvío de recursos económicos afirmando que la totalidad de los giros financieros cuestionados por la instrucción judicial se encuentran respaldados en los registros contables correspondientes a los servicios de proveedores operados durante el período de su gestión directa al frente de las obras.

Definición de plazos procesales y recursos de apelación

Durante su exposición pública, Schoklender cuestionó los tiempos procesales de la causa penal y el criterio aplicado por los jueces intervinientes para la determinación de la sanción pecuniaria y condicional. Según su argumentación técnica, la imposición de una pena de ejecución en suspenso responde a una instancia provisoria tendiente a diferir la revisión de la prueba sustancial hacia las instancias judiciales superiores del Fuero Federal.

El imputado puntualizó que los fundamentos técnicos correspondientes al veredicto emitido por el Tribunal Oral N° 5 serán dados a conocer formalmente en el mes de noviembre. A partir de la lectura de las consideraciones finales de la sentencia, las representaciones legales de las partes involucradas contarán con el marco normativo habilitado para interponer los recursos de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar la resolución definitiva del proceso penal.

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