Caso Hugo Romero: después de más de cuatro años, la causa fue elevada a juicio

Más de cuatro años después de la madrugada en que Hugo Romero cayó desde una grúa mientras se realizaban trabajos sobre la carroza de los músicos de Marí Marí, la causa penal por su muerte dio finalmente un paso decisivo. La jueza de Garantías y Transición N° 1, Natalia Lorena Céspedes, resolvió elevar el expediente a juicio y remitir la acusación contra Marcelo Everildo Rey al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.

La decisión, adoptada este viernes 21 de agosto, marca el cierre de una larga etapa procesal que estuvo atravesada por audiencias de control de acusación, cuestionamientos de la defensa, discusiones sobre la intervención de la querella y distintos recursos ante los tribunales superiores.

Con la resolución, la causa queda formalmente en condiciones de avanzar hacia el debate oral, donde se analizará la responsabilidad penal del único imputado por la muerte de Romero.

Rey llega a juicio acusado como presunto autor del delito de homicidio culposo. La imputación está vinculada a las circunstancias en que se produjo la caída que terminó con la vida de Romero y hace referencia, además, a normas de seguridad e higiene laboral que forman parte de la acusación fiscal. El imputado continuará el proceso en libertad y con la defensa de los abogados Leandro Ferrando y Martín Britos.

La resolución judicial no significa una condena ni adelanta el resultado del futuro debate. Lo que determina es que la acusación del fiscal Jorge Gutiérrez superó la etapa de control y ya no existen cuestiones pendientes que impidan que el caso sea discutido en un juicio oral.

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La madrugada del accidente

El origen de la causa se remonta a la madrugada del 6 de febrero de 2022, cuando distintos integrantes de la comparsa Marí-Marí trabajaban en una de las carrozas que iba a formar parte del Carnaval del País.

En ese contexto se utilizaba un camión equipado con un sistema de izamiento hidráulico. Sobre el canasto elevado se encontraban Hugo Romero e Ignacio Ucelli, quienes realizaban tareas en altura. Por causas que luego fueron materia de investigación, la estructura cedió y ambos hombres cayeron desde varios metros de altura.

Romero sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado para recibir atención médica, pero su estado resultó irreversible. Murió 17 días después del accidente, transformando un hecho inicialmente investigado como un siniestro laboral en una causa penal destinada a establecer si existieron responsabilidades en las condiciones en que se desarrollaba el trabajo.

La investigación buscó reconstruir cómo se había producido la caída, qué función cumplía cada una de las personas presentes y si el sistema utilizado reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Desde el comienzo, la Fiscalía centró la acusación en Marcelo Rey, quien era señalado como la persona que operaba el camión con el aparato hidráulico utilizado para elevar el canasto en el que se encontraban Romero y Ucelli. La acusación sostuvo que su conducta debía ser analizada en relación con el resultado fatal y con las normas de seguridad aplicables a ese tipo de tareas.

El expediente avanzó durante 2022 y 2023 con la incorporación de testimonios, informes y distintas medidas destinadas a reconstruir el accidente.

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La muerte de Romero tuvo un fuerte impacto entre quienes formaban parte del Carnaval del País y entre sus familiares y allegados. Con el paso de los meses, la causa dejó de concentrarse exclusivamente en la mecánica de la caída para ingresar en una discusión más amplia sobre las responsabilidades que podían derivarse de las condiciones en que se desarrollaban los trabajos.

La Fiscalía terminó formulando una acusación contra Rey por homicidio culposo, al considerar que existían elementos suficientes para atribuirle una responsabilidad penal por el fallecimiento.

Sin embargo, el camino hacia el juicio no fue inmediato. La etapa de control de acusación, que tiene como finalidad revisar si el requerimiento fiscal reúne las condiciones necesarias para ser llevado a debate, se transformó en uno de los momentos más extensos del expediente.

Durante 2024 se realizaron distintas audiencias ante el entonces juez de Garantías Tobías Podestá. En ellas intervinieron el Ministerio Público Fiscal, la defensa del imputado y también se discutió la situación de la querella particular.

La defensa planteó distintas objeciones a la acusación y cuestionó diversos aspectos de la investigación. Esos planteos provocaron que la causa no fuera remitida inmediatamente a juicio y que debieran resolverse distintas cuestiones antes de continuar.

Ahora el Legajo ya se encuentra bajo la órbita del tribunal de juicios de Gualeguaychú y será responsabilidad de la Oficina de Gestión de Audiencias fijar una fecha para el debate, del cual todavía no se conoce si podrá realizarse este año o el próximo.