Allanaron una oficina clave de la Unidad Penal de Gualeguaychú y apartaron a dos funcionarios

La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, conocida institucionalmente como la Granja El Potrero, quedó nuevamente en el centro de atención de la justicia provincial tras concretarse una serie de medidas operativas y administrativas.

Los procedimientos se originaron en el marco de la causa vinculada a Leonardo Airaldi, expediente que investiga la presunta existencia y circulación de dispositivos de telefonía móvil y elementos prohibidos dentro del predio carcelario, además de examinar los circuitos de seguridad, las requisas y los controles preventivos vigentes en el establecimiento.

Las diligencias incluyeron el ingreso de personal de Gendarmería Nacional a la Oficina de Tratamiento Correccional del penal, un área administrativa de relevancia para el funcionamiento cotidiano y la organización interna de la unidad. En forma simultánea, los uniformados llevaron adelante un allanamiento en el domicilio particular de un trabajador que cumplía tareas vinculadas con dicha dependencia. La intervención de los investigadores busca determinar la posible existencia de elementos de interés para la causa, analizar la documentación de la oficina y esclarecer los mecanismos que permitieron el ingreso de objetos no autorizados.

Consecuentemente, la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el pase a disponibilidad administrativa de dos funcionarios que cumplían funciones en la UP 9. Uno de los afectados es un suboficial con jerarquía de cabo primero, quien se desempeñaba como celador en contacto directo con los internos. El segundo es un oficial que cumplía tareas en el área de Tratamiento Correccional y que previamente había ejercido responsabilidades como jefe de Seguridad Interna. Desde el ámbito oficial se aclaró que dicha medida administrativa forma parte de las actuaciones preventivas y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni una sentencia condenatoria.

Los antecedentes inmediatos de este expediente se remontan a los procedimientos efectuados en febrero de 2026 dentro del mismo establecimiento carcelario, ocasión en la cual las autoridades secuestraron diversos dispositivos electrónicos. La presencia de teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad abre interrogantes respecto al funcionamiento de los controles de accesos y la responsabilidad del personal de vigilancia. La justicia continuará con las pericias para dilucidar las responsabilidades funcionales en los distintos niveles de conducción del penal.

Fuente: Radio Máxima de Gualeguaychú y El Entre Ríos