Subasta de tierras públicas: rematan inmuebles estratégicos mientras resguardan información bajo el "secreto militar"

El plan del Gobierno nacional para deshacerse del patrimonio inmobiliario del Estado avanza a ritmo acelerado. Bajo la premisa de liquidar bienes considerados “ociosos” para reducir gastos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encabeza una ofensiva que busca rematar más de 400 propiedades públicas para 2028. Sin embargo, los cuestionamientos legales, las denuncias por irregularidades y las pérdidas patrimoniales irrecuperables comenzaron a generar fuertes tensiones políticas y judiciales.

Hasta el momento, la venta de apenas 32 inmuebles generó ingresos por más de 351 millones de dólares. Entre las subastas más destacadas figuran cotizadas hectáreas del Ejército en el barrio porteño de Palermo —adquiridas por el desarrollador Eduardo Costantini por 127 millones de dólares— y la histórica sede del INTA sobre la calle Cerviño, adjudicada por 81 millones de dólares. El destino de esos fondos desmiente los argumentos oficiales de "auxilio financiero" a las reparticiones: en el caso del INTA, menos del 10 por ciento de lo recaudado regresó al organismo, mientras que el resto fue absorbido de forma directa por el Tesoro Nacional.

El paquete de remates abarca desde el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero hasta predios estratégicos de la Armada en Ushuaia, clave para el control del Atlántico Sur y la geopolítica antártica. Asimismo, el desprendimiento de tierras alcanza a campos del INTA, centros de asistencia y farmacias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, y terrenos vinculados al desmantelado programa Procrear, como el predio “Paraná” en Entre Ríos.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad aducen que las enajenaciones ejecutadas mediante los decretos 950/2024 y 322/2026 violan el artículo 75 de la Constitución Nacional, dado que la atribución de disponer de las tierras públicas recae exclusivamente en el Congreso. Además, remarcan que un predio por el que el mercado paga cifras millonarias dista de ser un bien "sin uso", advirtiendo que se financian gastos corrientes sacrificando soberanía territorial.

Por su parte, el rol del Ministerio de Defensa suma un capítulo opaco a la controversia. Frente a pedidos formales de acceso a la información pública sobre el estado patrimonial, equipamiento y personal de las unidades del Ejército y la II Brigada Aérea en la provincia de Entre Ríos, la cartera resolvió denegar los datos invocando la clasificación de "secreto militar" mediante normas dictadas en 1963. Paradójicamente, mientras la ciudadanía y los legisladores no pueden acceder a los registros oficiales de Defensa, el predio entrerriano de 250 hectáreas correspondiente a la brigada aérea ya fue inventariado en la base de datos de la AABE a la espera de su remate.

(Fuente: Analísis)