Petróleo en Malvinas: Argentina y Reino Unido ya tienen fecha para enfrentarse en el Tribunal del Mar

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, estableció formalmente que los días 10 y 11 de noviembre se llevarán a cabo las audiencias orales correspondientes al diferendo presentado sobre la actividad hidrocarburífera en torno a las Islas Malvinas. La resolución, emitida por la presidencia del organismo, fija el calendario para evaluar el pedido de suspensión del proyecto de producción denominado Sea Lion.

El procedimiento se encuadra en los mecanismos previstos por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Tras el intercambio formal de notificaciones entre las diplomacias involucradas durante las semanas previas, la representación argentina formalizó la presentación ante el ITLOS mediante un escrito técnico supervisado por la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica.

Alcance del proyecto Sea Lion y planteos de las partes

El área del yacimiento Sea Lion abarca una extensión de 541 kilómetros cuadrados en la cuenca norte, situada a unos 198 kilómetros del archipiélago. La explotación comercial del bloque se encuentra adjudicada a un consorcio privado integrado por la firma israelí Navitas Petroleum, con un 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El cronograma del proyecto contempla el inicio de las perforaciones de desarrollo para los primeros meses de 2027 y la posterior entrada en producción comercial mediante una plataforma flotante de almacenamiento y descarga.

El marco normativo bajo el cual operan las empresas fue extendido recientemente por las autoridades locales de las islas, renovando por un período de cinco años las licencias de producción de hidrocarburos asignadas a las firmas operadoras de la zona.

La argumentación jurídica planteada ante el tribunal enfoca su eje en la preservación del medio ambiente marino, materia que faculta la intervención del órgano arbitral en el marco del derecho internacional aplicable a todos los Estados signatarios de la Convemar. La presentación incluye estudios de impacto ambiental y planes de contingencia para evaluar eventuales riesgos operacionales en el Atlántico Sur.

Por su parte, las autoridades del Reino Unido confirmaron su comparecencia ante el tribunal de Hamburgo y señalaron que consideran vinculantes las determinaciones que adopte el cuerpo judicial, al tiempo que sostienen la validez de los esquemas de licencias vigentes y los mecanismos de protección de las inversiones comerciales vinculadas al desarrollo energético.

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