La Justicia puede disponer embargos sobre fondos depositados en Mercado Pago y billeteras virtuales

La Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) se encuentra facultada para solicitar el embargo de activos depositados en billeteras virtuales como Mercado Pago y otras plataformas digitales del mercado financiero, al igual que sucede con los depósitos alojados en cuentas bancarias tradicionales. Las cuentas de pago identificadas con Clave Virtual Uniforme (CVU) pueden quedar comprendidas por medidas cautelares interpuestas en juicios por cobro de deudas tributarias, aunque el procedimiento requiere de forma obligatoria una orden previa emitida por un magistrado.

La aplicación de estas determinaciones sobre las plataformas de pago responde a los protocolos establecidos a partir de la Disposición 194/2021, marco en el cual el organismo recaudador instruyó a los letrados que representan al fisco a incluir el dinero electrónico alojado en billeteras digitales dentro de las nóminas de bienes ejecutables. La jurisprudencia nacional ha equiparado progresivamente los fondos depositados en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con los saldos bancarios de uso cotidiano, considerándolos parte de la garantía patrimonial que responde por las obligaciones impositivas de los contribuyentes.

Especialistas en la materia y referentes del sector financiero coinciden en aclarar que las firmas privadas administradoras de las billeteras electrónicas no poseen facultades para disponer bloqueos de manera unilateral ni deciden el impulso de las ejecuciones fiscales. La función de estas empresas se limita a actuar como agentes ejecutores de las órdenes judiciales transmitidas a través del Banco Central de la República Argentina, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal.

La traba de embargos sobre este tipo de instrumentos tampoco invalida las restricciones legales de inembargabilidad contempladas en el derecho laboral. En aquellos casos en los que la cuenta de pago sea utilizada para la acreditación de sueldos u otros haberes, las medidas dispuestas por la Justicia deben respetar los porcentajes máximos y límites fijados por la ley, garantizando la cobertura de los conceptos alimentarios de los trabajadores de igual forma que en el sistema de cuentas sueldo.

En tanto, el escenario legal presenta variaciones de índole operativa cuando se trata de fondos o activos digitales localizados en plataformas radicadas en el exterior. Al encontrarse fuera de la jurisdicción territorial de los tribunales locales, la concreción de este tipo de cautelares implica complejidades procesales internacionales que dificultan el traba inmediato de la medida, marcando una distinción con la operatoria que rige para el ecosistema fintech de carácter nacional.