La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. En su fallo, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y ordenó al Poder Ejecutivo su puesta en marcha inmediata.

La controversia comenzó tras la sanción de la ley en agosto de 2025. Aunque el presidente Javier Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025, el Congreso ratificó el texto original con la mayoría agravada de dos tercios. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su aplicación invocando el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, el cual exige precisar la fuente de recursos para autorizar gastos.

Durante el proceso, las instituciones académicas denunciaron un "fraude constitucional" y un "re-veto" encubierto. La UBA señaló que la prórroga del presupuesto 2023 durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios y afectó el funcionamiento de sus centros de salud. Por su parte, el Gobierno sostuvo que la norma demandaba más de un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

Al desestimar la postura estatal, el juez Cormick remarcó que, tras la insistencia parlamentaria, el presidente debe promulgar la ley de manera irrestricta. Señaló que la propia norma contemplaba mecanismos de financiamiento en su artículo 9° —facultando la reasignación de partidas— y calificó de irrazonable anteponer restricciones legales pasadas a una ley especial y posterior.

La resolución unificó los reclamos del CIN y la UBA, y homologó acuerdos paritarios pactados en junio entre la Secretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Dichos acuerdos establecieron una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento desde junio de 2026, $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Con este fallo, la justicia ratificó la plena vigencia de la norma y exigió al Ejecutivo dictar la reglamentación para garantizar los fondos.