El aumento de la cantidad de motos es consecuencia de la crisis económica y el trabajo informal

El parque de motovehículos en la ciudad ha registrado un crecimiento masivo y sostenido en los últimos años. Esta expansión, de acuerdo al testimonio de Marcelo Hail, director de Tránsito de la Municipalidad, “responde a múltiples factores socioeconómicos y urbanos, entre los que se destacan la búsqueda de movilidad personal ágil, el uso intensivo como herramienta de trabajo, por ejemplo, para los servicios de mensajería y cadetería; la practicidad para el desplazamiento cotidiano frente a las congestiones del tránsito tradicional y su adopción con fines recreativos”.

A nivel nacional, el mercado de motos en la Argentina vive un auge sin precedentes. Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), en junio de este año se vendieron más de 68 mil unidades a nivel nacional —exactamente 68.508 patentamientos—, lo que representa un incremento interanual del 42% respecto al mismo mes del año anterior.

En este sentido, el economista, docente y miembro de Fundación Innovación con Inclusión, Gastón Alonso, destacó que “las ventas vuelan” y señaló un crecimiento mensual desestacionalizado del 10%. Alonso identificó dos factores clave detrás de este fenómeno: “El menor costo de acceso y mantenimiento de una moto en comparación con un auto y el crecimiento del trabajo mediante plataformas de reparto”.

“Esto último no es un dato menor. En un país donde el ajuste económico impulsado por las grandes corporaciones y los especuladores financieros erosiona el poder adquisitivo de los sectores populares la moto se convierte en el único medio posible para generar ingresos”, explicó el referente sectorial. Al tiempo que se preguntó: “¿A qué precio? Los repartidores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Glovo trabajan sin contrato formal, sin obra social, sin aportes jubilatorios y bajo la amenaza constante de accidentes de tránsito. La moto, lejos de ser un símbolo de progreso, es el reflejo de una economía que empuja a los trabajadores a la informalidad y al riesgo”.

Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), que acumuló 2.281 patentamientos en el mes (alcanzando el 3,3% del total nacional), en la provincia de Entre Ríos la adquisición de estos vehículos supera ampliamente a la de los automóviles por razones estrictamente vinculadas al presupuesto familiar y la crisis.

Desde el Municipio, Hail dijo que el aumento exponencial del parque de motovehículos los enfrenta a un desafío: “Este incremento en el flujo de unidades exige un fortalecimiento correlativo de los controles de fiscalización urbana para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo”.

Infracciones versus operativos

Para hacer frente a este flujo masivo de unidades, el Municipio intensificó los operativos de control a lo largo del año. “En el transcurso de 2026, la Dirección de Tránsito ha labrado un total de 3.043 actas de infracción en el ejido urbano, de las cuales 921 actuaciones corresponden específicamente a motovehículos, habiéndose ejecutado 651 retenciones preventivas de unidades por incumplimientos graves a la legislación vigente”, informó el director de Tránsito.

Respecto a la razón de las contravenciones, el funcionario indicó que el faltante de documentación y de medidas de seguridad encabezan las estadísticas locales. “La falta de seguro obligatorio constituye la infracción mayoritaria con un 49,4% de los casos, seguida de cerca por la ausencia de licencia de conducir con un 45,7% y la circulación sin el casco reglamentario, que representa un factor de riesgo directo, con el 28,0% sobre el total de faltas en motovehículos”, precisó.

Asimismo, las actuaciones operativas permitieron constatar contravenciones vinculadas al equipamiento y la dominialidad de las unidades en circulación. En este sentido, Hail dijo que “la falta de cédula identificatoria abarca un 27,1%, la ausencia de espejos retrovisores alcanza el 26,3%, la falta de chapa patente representa el 22,5% y las infracciones por luces reglamentarias registran un 2,9%”.

Por último, advirtió sobre situaciones de máxima gravedad que atentan contra la seguridad colectiva: “Se labraron actas por alcoholemia positiva que marcan un riesgo crítico del 12,2%, mientras que las infracciones por el uso de caños de escape no homologados concentran un 8,8% de las contravenciones vinculadas a la contaminación sonora”.

Contaminación sonora y accidentes

Una de las demandas ciudadanas más recurrentes gira en torno a las molestias generadas por los escapes libres o modificados. En este sentido, “el Municipio aplica con rigurosidad la Ordenanza Municipal N° 12509, que faculta el secuestro, la retención y la posterior destrucción de estos dispositivos sonoros antirreglamentarios”, aseguró el funcionario. Y explicó que a la fecha, se han compactado y destruido 220 escapes libres, mientras que 31 unidades permanecen retenidas en depósito a la espera de los plazos legales de sanción y disposición final.

En el plano de la seguridad vial, los indicadores muestran cifras críticas. “Durante el período 2026 se registró un total general de 906 siniestros viales en la ciudad, de los cuales 343 incidentes involucraron de manera directa a motovehículos (representando un 38% del total general)”, comentó Hail, quien también examinó la distribución demográfica de los conductores involucrados en colisiones.

“Se advierte una alta concentración en sectores juveniles: se contabilizaron 347 conductores con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y 73 conductores menores de 18 años, lo que ratifica la extrema vulnerabilidad de este segmento etario en la trama urbana y justifica la necesidad de profundizar las políticas activas de prevención”.

Programas preventivos y capacitación

Con el objetivo de mitigar la siniestralidad y ordenar el tránsito, el Área de Educación Vial implementa programas pedagógicos sistemáticos orientados a jóvenes de entre 15 y 19 años en los establecimientos educativos locales, instruyendo sobre normativas, uso obligatorio de casco homologado y los pasos administrativos para obtener la primera licencia.

“Durante la Campaña de Verano se desplegaron puntos de concientización directa y se dictaron clínicas de conducción segura destinadas específicamente a repartidores y trabajadores de delivery”, aportó el funcionario consultado.

Para lograr la habilitación formal de motovehículos, la Municipalidad exige el cumplimiento estricto de un proceso estructurado en etapas sucesivas. El procedimiento evaluativo comprende cuatro instancias independientes y eliminatorias, las cuales inician con un examen psicofísico enfocado en la evaluación médica y la aptitud visual y auditiva del postulante.

Dicho itinerario de habilitación continúa con instancias de capacitación y comprobación de saberes en la vía pública. En este sentido, se detalló que el esquema contempla un curso teórico obligatorio de capacitación integral en normas de tránsito y convivencia vial; un examen teórico de conocimientos enfocado en contenidos normativos y señales y una prueba práctica de destreza conductiva destinada a evaluar maniobras y el control efectivo del vehículo en una pista autorizada.

Por otra parte, respecto a la normativa aplicable para regular el acceso de conductores menores de edad al sistema de tránsito local, el Municipio opera bajo un marco coordinado que actualiza las disposiciones vigentes. Al respecto, el titular de Tránsito indicó: “La Ordenanza Local N° 13075/2026, que modifica a la anterior Ordenanza N° 11776/2012, habilita la conducción de cilindradas de hasta 110 cc dentro del ejido urbano local, exigiendo de manera ineludible la autorización expresa de padres o tutores legales”.

Finalmente, esta regulación se complementa con las pautas estipuladas a nivel federal en la materia. Sobre este punto, el funcionario indicó que “de manera armónica con la legislación local, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 autoriza con carácter general el manejo de ciclomotores de hasta 50 cc correspondientes a la Categoría A1.1, bajo idéntico requisito de presentación del aval y la autorización tutelar expresa”.

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