Al finalizar la conciliación obligatoria en Unionbat confirmaron el centenar de despedidos

El conflicto laboral en la planta fabril de Unionbat en Gualeguaychú alcanzó un desenlace definitivo tras la finalización del periodo de conciliación obligatoria sin acuerdo entre las partes. La medida dictada por la autoridad laboral concluyó formalmente este martes a las 14:00 sin que la representación patronal presentara alternativas para revertir los cesantes ni garantizar el sostenimiento de las fuentes de trabajo en el predio industrial local.

Desde la conducción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas confirmaron que durante los 21 días en los que se extendió la instancia legal, la dirección de la firma no acercó propuestas concretas para reincorporar al personal o reestructurar el esquema operativo. Según detallaron desde la entidad gremial, las audiencias transcurrieron sin negociaciones efectivas respecto a la continuidad de las líneas de producción, ratificando la empresa su postura inicial de desafectar a un total de 100 operarios.

Con la conclusión del plazo preventivo, la situación entra en una etapa orientada al reclamo de las obligaciones legales pendientes. La representación de los trabajadores indicó que se mantendrán a la espera del transcurso de los cuatro días hábiles previstos por la normativa vigente para que la compañía efectivice el pago total de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los despedidos.

A la par de las indemnizaciones por despido, la entidad sindical reclama la liquidación inmediata de haberes vencidos y prestaciones de la seguridad social que registran demoras. Entre los montos exigidos se encuentran las quincenas correspondientes al 20 y al 5 del mes en curso, además de la regularización de los aportes destinados a la obra social del sector, los cuales sufrieron interrupciones en los meses previos.

El referente de la organización gremial, Martín Gómez, expresó que la pérdida de este volumen de empleos representa un fuerte impacto para la estructura productiva y la economía local. El dirigente enfatizó que el resultado era evitable si hubiese existido disposición negociadora por parte del sector empresarial para buscar mecanismos alternativos que permitieran mantener activa la fábrica en la ciudad.

El gremio también dirigió duras críticas al desempeño de la Secretaría de Trabajo provincial durante el desarrollo del diferendo. Desde el sindicato señalaron que el organismo gubernamental no ejerció un rol activo de mediación ni aplicó las sanciones o multas previstas para los casos en que las partes no muestran voluntad de acordar durante la conciliación obligatoria. Según la postura gremial, las dilaciones en los plazos administrativos terminan perjudicando la estabilidad financiera de los asalariados mientras transcurre el conflicto.

El cierre de la vía administrativa habilita a las partes a adoptar los pasos legales o gremiales que consideren pertinentes. Mientras corre el lapso legal para el cumplimiento de los pagos por cese y la cancelación de salarios adeudados, los trabajadores despedidos y el sindicato evalúan las medidas a seguir para garantizar la cobertura médica y la liquidación integra de los conceptos estipulados por la ley de contrato de trabajo.