El Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, reorganiza la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus facultades operativas.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso la ejecución de la sanción de destitución y eliminación de la matrícula profesional al Escribano Ariel Pantaleón Mamone, titular del Registro Notarial Nº57 del Departamento Gualeguaychú.
La medida busca contener el gasto público y asegurar la sostenibilidad fiscal. Toda designación, recategorización o aumento requerirá autorización del Ministerio de Hacienda.
Con el Decreto 699/2025, el Gobierno nacional aplazó al 1° de noviembre la actualización de los impuestos a naftas y gasoil para evitar nuevos aumentos.
Un fallo judicial obliga a Economía a entregar, en 5 días, el expediente que aprobó el crédito de u$s20.000 millones con el FMI, con todos sus anexos y documentos.
A través del Boletín Oficial, se estableció que los trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida de los tres institutos quedarán en situación de disponibilidad por un plazo de hasta 12 meses, en el marco de las recientes transformaciones dispuestas por decreto.
La medida prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la finalización de convenios con firmas en las que el Estado tiene participación o privilegios exclusivos. El Decreto 591/2025 fue firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger.
Mediante la publicación del Decreto 571/2025 en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo las funciones directamente a la Presidencia del Instituto.
La oposición se unió y rechazó decretos que afectaban a áreas como Transporte, Cultura y el Banco de Datos Genéticos. El oficialismo, fracasó en su intento de dejar la sesión sin quórum. El uno por uno de las normas caídas.
La jornada de protesta de los empleados se realizó este lunes en Paraná. La manifestación no solo apuntó contra el decreto que dispone el cierre del organismo, sino que también advirtió sobre el impacto en las rutas, la producción y las fuentes de trabajo.
La Cámara Nacional del Trabajo ratificó que el decreto vulnera la Constitución al legislar sin urgencia y con el Congreso en funciones.
Tras la eliminación de la ex Dirección Vialidad Nacional (DNV), delegados de la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Vialidad expusieron que los trabajadores del ex organismo se encuentran en un “limbo administrativo”.
